La compra pública enfrentó, durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, una serie de irregularidades y sobreprecios que son investigados por la Contraloría y la Fiscalía General del Estado. Las entidades de control decidieron verificar el 100 % de las adjudicaciones hechas bajo la declaratoria de emergencia, pero dejaron de lado las compras de ínfima cuantía. Por ahí, sin controles y rendición de cuentas, se transaron más de 72,5 millones de dólares en 90 días. En esa línea, la ínfima cuantía faculta a las entidades públicas para que contraten de manera directa y sin supervisión de ningún tipo bienes y servicios hasta por 7.099,68 dólares. En la emergencia sanitaria ese modelo se disparó de manera sospechosa. Fuente: Expreso