El Gobierno apostó por 11 preguntas para su consulta popular. Todas ya están en manos de la Corte Constitucional (CC), para diferentes controles. Cuatro tienen que ver con seguridad. Una pregunta plantea destinar el dinero de los comisos por delitos -lavado de activos, terrorismo, trata de personas y de migrantes, así como delitos relacionados con drogas- a programas de educación con énfasis en la niñez y la adolescencia. La segunda pregunta tiene que ver con las extorsiones. El cambio propuesto apunta a tipificar la extorsión, pero vincu­lada a la delincuencia común. El cambio no sería solamente tipificarlo de esa manera, sino también con una pena privativa de libertad: entre siete y 10 años. 

Fuente: El Comercio.