La propuesta en la Ley de Apoyo Humanitario dice que, después de que termine el plazo de la contribución solidaria, “se reducirá de forma permanente un 10% en la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos de la Función Ejecutiva y empresas públicas, que tengan una remuneración igual o mayor a $ 1.000″. Las observaciones nacen, sin embargo, desde el mismo Ejecutivo. David Álvarez, viceministro de Trabajo, reconoció que esa disposición es imposible de aplicar. Explicó que las escalas salariales vigentes para los funcionarios que tienen nombramiento definitivo en el sector público no pueden ser modificadas. Cualquier cambio, dijo, aplicará solo para las nuevas contrataciones. “La ley no es retroactiva”, insistió. Fuente: Primicias.