Transacciones sin el debido respaldo, contratos con fechas que no calzan o sin la obligatoria autorización, operaciones de custodia en el exterior para las que no estaba facultado. Estas son algunas de las razones por las que la Superintendencia de Bancos intervino al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) desde el año pasado, control que ahora se tradujo en una denuncia penal con media docena de personas privadas de su libertad. El martes pasado, la Fiscalía allanó las oficinas de Decevale S.A. y de la Casa de Valores Citadel, así como otros lugares en Daule y Samborondón dentro de las indagaciones por una supuesta “falsedad de información”. Este delito es sancionado con pena de prisión de tres a cinco años. Fuente: El Universo.