El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), el penalista Ramiro García Falconí e, inclusive, el asambleísta Héctor Muñoz cuestionan la aplicabilidad de la nueva Ley Anticorrupción en diferentes aspectos. Esta normativa se enfoca en evitar irregularidades en los procedimientos de contratación pública. Para Silvana Vallejo, directora general del Sercop, existen algunos vacíos en la norma en lo que se refiere a los informes previos de Contraloría para realizar contrataciones públicas y también en lo referente al establecimiento de sobreprecios, cuestión que es “relativa”, porque no es lo mismo comprar bienes en una emergencia como una pandemia, cuando no había oferta de algunos insumos, y los precios tienden a subir. Fuente: El Universo.