La polémica por la tarifa que debe pagar el Estado a la empresa OCP Ecuador por el servicio de transporte del crudo ecuatoriano llegó hasta la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. En una carta del 14 de septiembre, dirigida al ministro de Energía, René Ortiz, la secretaria general jurídica, Johanna Pesántez, pidió a Ortiz la información técnico-jurídica, económico-financiera, así como todo oficio, memorando y justificativo relacionado con el cálculo y cobro de la tarifa de transporte de crudo por el OCP. Indica que de configurarse una variación o incremento del cálculo y aplicación de la tarifa, se le deberán entregar justificativos de impacto y disponibilidad presupuestaria emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Fuente: El Universo.