El Gobierno insiste el discurso sobre los perjuicios que deja al país el comercio ilegal de combustibles como argumento para una posible y anunciada revisión del subsidio a los combustibles. Y, para eso, tiene su primera herramienta: un estudio que, según el Ejecutivo, resume el estado del parque automotor del país, el gasto por el subsidio a los combustibles y las zonas en las que hay ‘fugas’. Según los registros oficiales, no puede identificarse al 68% de los consumidores de gasolina extra y ecopaís. Lo que sí se sabe es que 4.520 personas tienen consumos per cápita, en galones, sospechosamente elevados. Ayer, los ministros de Gobierno y Finanzas, María Paula Romo y Richard Martínez, respectivamente, explicaron los problemas del uso o tráfico ilegal de combustibles. Sin embargo, no hay definiciones aún.  Fuente: Primicias.