La disposición general quinta de la normativa ha ocasionado dos demandas por irregularidades de forma y de fondo. El martes, 14 de enero de 2020, la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, la cual fue inscrita en el Registro Oficial el 31 de diciembre de 2019. El bloque solicitó medidas cautelares para la suspensión inmediata de la aplicación de la norma.

La demanda es motivada por irregularidades en la disposición quinta de la ley. “Hay una irregularidad de forma en la disposición quinta, que estaba vinculada a régimen impositivo a las microempresas y a los dividendos de las empresas extranjeras“, dijo Vicente Taiano, coordinador de bloque del PSC. Taiano agregó que “en lo de fondo hay un atentado flagrante a la seguridad jurídica, porque lo que no fue tratado por el veto presidencial debió entrar en vigencia una vez cumplidos los 30 días como establece la Constitución“.

Según el PSC, la disposición quinta debía entrar en vigencia el 10 de enero de 2020, lo que implicaba que ese impuesto no podía cobrarse a partir del ejercicio fiscal 2019. El 15 de enero el sector empresarial, representado por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) presentará otra demanda de inconstitucionalidad a la ley. En este caso el argumento para la demanda también es el contenido de la disposición quinta de la ley. “Nosotros pensamos que la normativa viola principios de seguridad jurídica, en cuanto a la inversión extranjera”, dice Patricio Alarcón, presidente de la CCQ. Alarcón explica que el argumento del sector empresarial es que “no se debería cobrar el impuesto a los dividendos en el periodo de 2019”. Aunque la demanda se basa en el cobro de tributos a los dividendos, el sector empresarial dice que también tiene dudas sobre los impuestos sobre las ventas de la disposición.