Son concesiones consideradas clave por el Gobierno. Se conocen como proyectos mineros de segunda generación porque se trata de los más importantes después de los estratégicos, como Fruta del Norte y Mirador. El riesgo no solo está en la pérdida de recursos sino en la posibilidad de que las empresas mineras demanden al Estado ante tribunales internacionales si la Corte Constitucional da paso a una nueva consulta popular, para preguntar a los pobladores de varias parroquias de Imbabura y Carchi si están de acuerdo con la minería. El representante de un grupo de comuneros pertenecientes a las parroquias de Lita y Carolina (Imbabura) y de Goaltal y Jijón y Camaño (Carchi), pidió a la Corte Constitucional la aprobación de una consulta popular para preguntar a los habitantes de estas parroquias si están de acuerdo con la actividad minera en esas zonas del país. Fuente: Primicias.