En la Asamblea hay criterios divididos sobre la posibilidad de incluir nuevas causales para llevar a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El trámite está a cargo de una Comisión de Fiscalización distinta a la que hace 10 meses archivó otro proceso contra la funcionaria. La disyuntiva surge porque Roberto Gómez (exCreo), uno de los interpelantes, solicitó que entre los motivos para una posible censura y destitución se incluyeran las denuncias de supuestos repartos del control de hospitales a cambio de votos en el Parlamento. El tema no constaba en la solicitud que fue calificada por el CAL después de 9 meses de haber sido presentada y que, en cambio, alude al uso de bombas lacrimógenas caducadas y la falta de protección a periodistas en las protestas de octubre del 2019. Fuente: El Comercio.