Diez meses han pasado desde que el presidente Lenín Moreno firmó el decreto 1033. Lo hizo en medio de una ola de escándalos de corrupción por la compra de medicamentos e insumos médicos en la pandemia. Ese documento, entre otros puntos, reforma el reglamento de contratación pública. Además se dispone la compra unificada o corporativa de todas las medicinas y bienes que utiliza la Red Pública Integral de Salud (RPIS). En un inicio, se proyectó que las modificaciones logísticas estén listas para diciembre de 2020. Y la nueva forma de contratación de medicamentos debía estar en marcha en marzo de 2021. Nada de esto no ocurrió. Y mientras tanto, según el cálculo del mismo Gobierno, la compra individual de medicamentos le genera al Estado una pérdida de $ 400 millones al año. Fuente: Primicias