Quien suministre datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan en la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal podrá acceder a una compensación económica en proporción a los recursos económicos que el Estado logre recuperar. Esto consta en el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, que ayer fue entregado por la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, a la Asamblea. El documento se compone de 10 artículos, dos disposiciones generales, una transitoria, una derogatoria y una final.  Fuente: El Comercio.