En el denominado caso kits alimenticios se comprobó un sobreprecio del 40%: el Servicio de Gestión de Riesgos (SNGR) contrató la compra de 7.000 canastas a $ 150,82 cada una, cuando su precio en el mercado era de $ 86. La irregularidad fue certificada por la Contraloría General. Según la legislación penal ecuatoriana, al existir sobreprecio en el contrato se pudo configurar un caso de peculado. Este delito se castiga con penas de hasta 13 años de cárcel. Sin embargo, la Fiscalía decidió perseguir otro delito. El Ministerio Público acusó a cinco personas por el delito de tráfico de influencias que se sanciona con penas de tres a cinco años. A la cabeza de las personas que irán a juicio por este delito está Alexandra Ocles. Ella dirigía el SGNR en el momento de la contratación, durante el gobierno de Lenín Moreno. Fuente: Primicias.