Diego Borja, ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio, admite haber sido uno de los protagonistas de la elaboración de la Ley 42 que fue, junto con el Decreto 662 del expresidente Rafael Correa, la normativa que generó una demanda de la empresa francesa Perenco, en contra del Ecuador, que ahora lo obliga a pagar $ 374 millones en los próximos 60 días. Para Borja, la pérdida que ha sufrido Ecuador tiene que ver con la mala defensa que se ha hecho desde la Procuraduría y rechaza que se quiera aplicar derecho de repetición. En el tema financiero, asegura, no fue un mal negocio para el país. “El problema es que la defensa del Estado en los distintos juicios que han planteado las empresas petroleras es muy mala, mediocre”, dijo. Fuente: El Universo.