En septiembre del próximo año el Gobierno de turno, si mantiene los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá presentar una reforma tributaria que no solo busque un alza de tres puntos en el impuesto al valor agregado (IVA) sino que se enfoque en racionalizar el gasto tributario. Este último, también conocido como gasto fiscal, es todo beneficio o incentivo económico impositivo por el cual el Estado deja de recibir ingresos. Ahí entran, por ejemplo, exoneraciones, devoluciones, tarifas del 0% o reducción de porcentajes a favor de ciertos grupos de contribuyentes. En el 2018 el gasto tributario sumó $ 5 756 millones, lo que representó el 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 40,9% de la recaudación de impuestos, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Fuente: El Comercio.