La Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, que estableció el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que está vigente desde el 12 de marzo, ya tiene nueve demandas de inconstitucionalidad. Dos de las demandas corresponden a gremios empresariales, como la Cámara de Industrias de Guayaquil y Cámara de Comercio de Guayaquil, que considera que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos. Específicamente, cuestionan la contribución extraordinaria que debieron hacer las empresas para el gasto en seguridad. Y es que la nueva ley dispone que todas las empresas paguen un impuesto único de 3,25% sobre el valor de las utilidades reportadas en 2022. La fecha tope de pago era el 31 de marzo de 2024. 

Fuente: Primicias.