La Ley de Protección de Datos Personales no solo acarrea sanciones a las empresas. En el caso del sector público, los funcionarios también deberán pagar multas por infringir la norma. Las multas van desde un salario básico ($ 450) hasta 20 salarios básicos ($ 9.000), según el nivel de gravedad de la infracción. Una infracción leve puede ser no tramitar las solicitudes o quejas del propietario de los datos. Por ejemplo, cuando el cliente de una entidad financiera pública pida un cambio en sus datos personales y esta solitud no sea tramitada. Mientras que una infracción grave puede ser no implementar las medidas adecuadas para prevenir o reducir las vulneraciones a la seguridad de datos personales. 

Fuente: Primicias.