La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea y que espera el veto del Ejecutivo, trae consigo una serie de reglas que previenen no solo un eventual despilfarro de los recursos de Gobierno central, sino el gobiernos autónomos, empresas públicas e incluso la Seguridad Social. A través de varias herramientas y reglas -como control del gasto, techos al endeudamiento, un fondo de estabilización y límites a la reforma del presupuesto- busca que el Estado no vuelva a cometer los errores del pasado, explica José Hidalgo, director de Cordes. Señala que esta ley no está pensada para la actual coyuntura, en la cual más bien existe escasez de recursos; sino para el futuro. Fuente: El Universo.