La gestión económica de la Prefectura de Pichincha está en entredicho. A la polémica por haber usado más de un millón de dólares para un mural, 13 obras de teatro y su comunicación se suma una denuncia penal. Esta vez, presentada por la Contraloría. La entidad emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por irregularidades en la contratación de una consultoría para mejorar las habilidades y el análisis político del equipo de Comunicación de la Prefectura. Las conclusiones del equipo auditor indican que en 2019, el entonces director de Gestión de Compras Públicas, Carlos Arce Miño, firmó un acuerdo por 84.000 dólares con la compañía DPC Diez Punto Comunicaciones, “pese a que esta no cumplió con los parámetros de experiencia mínima del personal técnico, por lo que debió descalificarse”, señala el informe. Fuente: Expreso.