Solo 112 municipios (50,7% del total) entregaron el anexo con la información de bienes inmuebles de sus jurisdicciones al Servicio de Rentas Internas (SRI). La información tiene corte a febrero del 2023.  La entrega de estos datos es obligatoria para los 221 gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Es necesaria para verificar la declaración y pagos de obligaciones tributarias. Por ejemplo,  servirán para comprobar si no hubo irregularidades en el pago del impuesto temporal a los altos patrimonios. Ese tributo fue establecido en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que entró en vigencia en noviembre del 2021. 

Fuente: El Comercio.