El gobierno de Daniel Noboa emitió un nuevo estado de excepción por la inseguridad en siete provincias, con un discurso de presión a la Corte Constitucional. Después de que esa institución "tumbara" dos de sus decretos por inconstitucionalidad, el Gobierno buscó validación internacional para justificar sus acciones. Se trata de un "aval" de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés). Según la Presidencia, dicha organización hizo las veces de "observadora jurídica" y elaboró un informe "que concluyó que el documento se ajusta al marco constitucional" ecuatoriano. Dicho informe no se ha hecho público. Sin embargo, su supuesta existencia ha sido utilizada por el Gobierno de Noboa para presionar a la Corte Constitucional a aprobar su más reciente estado de excepción. 

Fuente: Primicias.