La Contraloría General del Estado es la entidad que debe analizar 87 contratos de construcción de obras y 71 de fiscalización. Estos fueron suscritos por el Consejo de la Judicatura (CJ) en los períodos 2011-2013 y 2013-2018, por un monto de $ 313,1 millones. La actual administración transitoria del CJ pidió la auditoría luego de identificar indicios de irregularidades. Hay dos limitantes para la Contraloría. Primero, que algunos de estos contratos ya fueron auditados, cuando Carlos Pólit (hoy prófugo de la justicia) era Contralor. El segundo problema, en cambio, es que -según la ley- la Contraloría solo puede auditar contratos de los siete años anteriores al inicio del examen. Es decir que, actualmente, se podrían empezar exámenes solo de contratos firmados de octubre del 2011 en adelante. Fuente: El Comercio.