El juez Carlos Fuentes, de la Unidad Judicial Civil de Quito, aceptó la acción de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo para el pago de remuneraciones adeudadas por parte del Estado a los funcionarios públicos. El magistrado ordenó al Estado el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados. Así, declaró la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica de los trabajadores del sector público. El juez dispuso que se deberá llevar a cabo ciertas medidas de reparación a los trabajadores. Por otro lado, el ministro de Finanzas Richard Martínez deberá "cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público". Fuente: El Comercio.