Luego de la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, el Gobierno aseguró que existen 5.000 trámites de beneficios penitenciarios represados. Esto se debe, según el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, a que en el país existen solo 11 jueces de garantías penitenciarias. La Corte Constitucional instó a la Judicatura a presentar un plan para reforzar esta área. Pero de manera paralela, el organismo declaró la necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarías. Mientras dure esta medida, las Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y de Violencia contra la Mujer conocerán y resolverán los casos penitenciarios. La ampliación de estos servicios estará vigente en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga. Fuente: Primicias.