El documento aprobado por la Comisión contempla principalmente algunos ajustes al cuerpo de alianzas público privadas. Esto, con el objetivo de que no se preste para la privatización, explicó la vicepresidenta de la Comisión, Wilma Andrade de Izquierda Democrática (ID). Los asambleístas establecieron algunos límites para garantizar la propiedad de los activos estatales. Andrade dijo, por ejemplo, que para todas las delegaciones se estableció la prohibición de la privatización o transferencia de bienes a quienes formen parte de estos contratos. También, se determinó que los proyectos de salud, educación y seguridad, que estén a cargo de entes privados, seguirán manteniendo la gratuidad. 

Fuente: El Comercio