A partir del informe DNA1-0073-2019, aprobado en octubre pasado, la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal (IRP) en contra del expresidente Rafael Correa por las declaratorias de emergencia y estados de excepción dispuestos entre el 1 de enero de 2013 y el 24 de mayo de 2017. La auditoría reveló que en ese periodo el exmandatario emitió 6 decretos de excepción; en algunos casos, con alcance nacional, aunque documentos oficiales señalaban que solo eran necesarios en zonas específicas. Una muestra: los decretos 755 y 1001, referentes al incremento de la actividad volcánica del Cotopaxi y al terremoto del 16 de abril de 2016, respectivamente. Fuente: El Universo.