Entre enero y octubre de 2020 en Ecuador han sido atendidas 1.956 controversias de inquilinato, según la Defensoría Pública, entidad que se ocupa del tema. Las actividades de alquiler de inmuebles y locales no escapan a la lógica de 2020, un año marcado por la pandemia de Covid-19 y las disrupciones que trajo a la economía. Hay personas que no pueden pagar sus alquileres porque se quedaron sin empleo o vieron sus ingresos disminuidos por la reducción de la jornada laboral o por las restricciones a la movilidad y a la actividad económica, impuestas para frenar los contagios, explica Danilo Sulca, defensor público Regional Centro-Norte. Fuente: Primicias.