Como una situación muy grave. Así calificó la ministra de gobierno, María Paula Romo, a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 1109 que preveía el cobro anticipado de impuestos. Según Romo, esa decisión se suma “a la lista de dificultades” institucionales que el Gobierno tiene para enfrentar la crisis en Ecuador. Explicó que ello se suma a varias negativas anteriores, entre ellas el pedido a las universidades de reducción del 10% del presupuesto anual, unos $ 100 millones; el descarte que hizo la Asamblea a “buena parte” de la Ley Humanitaria que preveía herramientas en materia laboral, entre otros aspectos económicos. Romo dijo que, a pesar de esa decisión, hubo una votación “polémica” porque hay cuatro jueces que estuvieron en contra de la decisión. Fuente: El Comercio.