Peritos de la Fiscalía analizan los archivos obtenidos en computadoras, teléfonos y documentos incautados el martes 22 de junio, dentro de la investigación del presunto delito de falsedad de información. Tras meses de investigación, la Fiscalía identificó una “estructura” que incurría en delitos contra la fe pública, mediante entrega de información falsa al mercado de valores, actividad que, según el ministerio público, habría perjudicado a varios inversionistas. “Se habla de perjuicios millonarios, se habla de $ 500 millones, de $ 800 millones, pero para establecer el monto se necesitan de los peritajes”, dijo la Fiscal General, Diana Salazar. “Los peritajes se encuentran en desarrollo, estamos en el proceso investigativo“, detalló en Teleamazonas. Fuente: Primicias.