“Todos los funcionarios públicos fueron designados (en sus cargos) de forma estratégica por el entonces presidente Rafael Correa, de manera recurrente y circular: iban cambiando en cada uno de los cargos de tal manera que se iba asegurando la continuidad de ese entramado”. Este argumento es parte de la tesis que manejó la fiscal general, Diana Salazar, para acusar a 24 personas del delito de cohecho en el caso Sobornos. Para ella, cada uno de los entonces doce funcionarios públicos procesados se mantuvieron entre 2012 y 2016 en cargos de ministros, secretarios de Estado y asambleístas en los que fueron útiles a la “estructura delincuencial”, para facilitar la aceptación de “ofertas, promesas, dones o presentes” a cambio de entregar obras del Estado. Fuente: El Universo, 1 de diciembre.