En el país se puede facturar, participar en compras públicas y tramitar registros sanitarios e importaciones y exportaciones de forma digital y sin necesidad de que el usuario tenga que ir a las oficinas de las empresas o instituciones públicas. ​Esto es posible gracias a la firma electrónica. Se trata de una serie de códigos que representan a una persona, natural o jurídica, y tiene la misma validez legal que una rúbrica física. Este instrumento puede anexarse en documentos Word, PDF, Excel, correos electrónicos y otros. En total, 176.420 personas poseen una firma electrónica a escala nacional, según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), con corte hasta el 5 de septiembre pasado. Las provincias que más rúbricas de este tipo registran son Pichincha y Guayas. Fuente: El Comercio.