En 2014, el gobierno de Rafael Correa estaba desesperado por obtener más recursos para mantener su ritmo de gastos y se enfocó en abrir una nueva licitación para entregar la producción de siete campos maduros a compañías privadas. Estas, a cambio de su inversión, recibirían el pago de una tarifa por cada barril de crudo. Al frente estaba el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda Bonilla. El 15 de julio de 2014, Rafael Poveda convocó a una reunión al director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar, y al ministro de recursos Naturales no Renovables, Pedro Merizalde. El objetivo era explicar la importancia de la nueva licitación y advertir a Cortázar sobre los riesgos que habían detectado en una auditoría que realizaba sobre el contrato con el Consorcio Shushufindi. 

Fuente: Primicias.