La red delictiva operaba a través de locales que permiten hacer transacciones bancarias. Las personas que atendían estos negocios podían ver quién cobraba el bono solidario y quién no. Con esos datos armaron todo un aparataje que les permitió desviar $ 5 millones de los fondos que son cubiertos por el Ministerio de Inclusión Social (MIES). La operación se ejecutó entre el 2014 y el 2018. Hoy existen cinco procesados, quienes el 10 de febrero próximo enfrentarán un juicio por lavado. Cuando alguien dejaba de cobrar por muerte, enfermedad u otras razones, los dueños de los locales enviaban los datos de los beneficiarios a otras personas. Ellas usaban esa información, recaudaban los fondos y los depositaban en sus cuentas. Fuente: El Comercio.