El Gobierno quiere hacer borrón y cuenta nueva con los contratos heredados con problemas y sobreprecios. La nueva ley de fomento productivo dispone que las obras que hayan superado la inversión prevista y que estén suspendidas deberán darse por terminadas y volver a licitarse siguiendo las normas. El plan económico amputa así el despilfarro en las obras públicas que ha generado investigaciones en la Contraloría y que ha derivado en indagaciones fiscales como las del caso Odebrecht. Y dispone que una vez terminados los contratos, estos sean remitidos a la Contraloría, siguiendo la senda de todos los casos de mala gestión de recursos públicos del último año. Fuente: Expreso.