Tras una década marcada por obras irregulares, sobreprecios y denuncias de corrupción, las autoridades buscan la manera de disminuir la afectación al Estado. La Contraloría General estableció glosas y multas por cerca de 900 millones de dólares solo en 2018. El cobro de esos valores, sin embargo, se complica y toma más tiempo del esperado. Hasta la fecha, solo se han recuperado cuatro millones de dólares en títulos de crédito. El debido proceso incluye una serie de apelaciones permitidas a los involucrados en el Tribunal Contencioso Administrativo. Según el contralor general subrogante, Pablo Celi, “la facultad sancionatoria pierde su objetivo si el proceso no concluye con la recuperación de valores en favor del Estado”. Fuente: Expreso, 16 de marzo.