La Ley de Apoyo Humanitario plantea medidas de alivio en el pago de servicios y deudas, que podrán ejecutarse a través de acuerdos entre las partes. Esta figura se contempla para contratos de inquilinato, seguros, créditos y obligaciones entre empresas. La norma, que aún espera el veto del Ejecutivo, no ahonda en las condiciones que se deben cumplir para caminar hacia un acuerdo entre las partes. Por ello, es posible que exista una parte que tenga más beneficios que la otra en el acuerdo o que una de las partes no quiera cumplir con lo acordado y sea necesario ir a instancias judiciales, explicó Emilia Grijalva, directora del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.​ Fuente: El Comercio