Tras la finalización del caso Sobornos 2012-2016 y la negativa de la mayoría de los sentenciados para pagar la reparación integral al Estado, la Procuraduría (PGE) activó el mecanismo de ejecución forzosa de la sentencia. A través de esta figura, la PGE intenta que los condenados cumplan con la multa impuesta por la justicia. Según la sentencia, los 20 implicados deben pagar $ 14,7 millones al Ecuador. Este pago es una de las formas que se estableció para que se compense al Estado por el perjuicio causado. Ahora, la ejecución de la sentencia, que incluye el cobro de la reparación a través del embargo de bienes y cuentas, recaerá sobre jueces penales de primer nivel de las ciudades en las que cada uno de los sentenciados deudores tiene establecido su domicilio. Fuente: Primicias.