Al 14 de junio no existe un acuerdo de pago con la compañía petrolera francesa Perenco, sobre los $ 374,37 millones que debe cancelar el Estado ecuatoriano tras el fallo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por una disputa del 2007, respecto de la participación en los excedentes petroleros. Así lo reveló el procurador del Estado, Íñigo Salvador, al comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para informar el proceso de defensa que empleó el Estado en este caso, donde recibió un anuncio de un posible juicio político en su contra. Durante su intervención, el funcionario también reveló que el Estado cancela entre 20 y 25 millones al año en el pago de estudios jurídicos internacionales para la defensa de los casos. Fuente: El Universo.