El Estado enfrenta 21 procesos en tribunales internacionales iniciados por empresas que alegan que el país violó los tratados de protección de sus inversiones o los contratos suscritos. Siete de ellos iniciaron apenas el año pasado. Generalmente, el fin de las empresas es lograr una compensación económica por los perjuicios que, aducen, sufrieron en el país. Y los montos son millonarios. Solo en cinco arbitrajes están en juego $ 618 millones. En los otros 16 los montos son confidenciales o aún indeterminados. Y, desde 2017, la Procuraduría ha destinado $ 52,8 millones para el rubro de “consultoría, asesoría e investigación especializada”, para la defensa legal del Estado y sus instituciones en el extranjero. Fuente: Primicias.