El fin del estado de excepción, que ocurrió ayer, permite por un lado la recuperación de las libertades ciudadanas de movilización, reunión y asociación, pero por otro lado echa a los ecuatorianos a su suerte económica, con una crisis profunda, sin un respaldo estatal. Para muchos, que han perdido sus empleos y han desmejorado su situación financiera, quedarse sin estado de excepción puede significar, a partir de la segunda semana de noviembre, quedarse sin servicios básicos, sin seguro médico y sin un lugar donde vivir. El estado de excepción permitía que, aunque no pagaran las planillas y los servicios y el arriendo de la casa, no se pudiese desalojar al inquilino ni cortar, por falta de pago, la energía eléctrica, el agua potable, la telefonía fija y celular, y la conexión a internet. Fuente: Expreso