La caída de la recaudación tributaria (ingresos permanentes) por efecto de la pandemia de Covid-19 obligó al Gobierno Central a realizar un ajuste a los presupuestos de 2021, 2022 y 2023. Para eso expidió el Decreto Ejecutivo 170, que dispone que, de manera excepcional, los gastos en salud, educación y justicia (gastos permanentes) puedan ser financiados con ingresos no permanentes. Un informe del Ministerio de Finanzas revela que el decreto busca corregir los “graves efectos” de la pandemia de coronavirus sobre la actividad económica del país. En medio de la pandemia, los ingresos programados en el Presupuesto se vieron reducidos, producto de las medidas de aislamiento, de restricción de la movilidad y los cierres de fronteras. Fuente: Primicias.