En un caso de investigación por presunta estafa, en el que están en juego $ 532 millones en inversiones de la Isspol, se vuelve estratégico eliminar la posibilidad de que sean los ecuatorianos quienes cubran ese faltante como un mecanismo de presión para que las autoridades investiguen y recuperen el dinero.  “Que los ecuatorianos debamos pagar los errores de la inversión del Isspol no es justo porque nosotros no hemos intervenido para nada en esa negociación”, dice Ignacio Vidal Maspons, quien fue superintendente de Compañías en el periodo 1997-1998 y apoya la moción de derogar el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que establece que el Estado debe cubrir cualquier faltante que existiera para ayudar a cubrir el seguro de retiro, invalidez y muerte de este sector. Fuente: Expreso.