La Corte Constitucional declaró que las decisiones judiciales de primera y segunda instancia relacionadas con un millonario contrato colectivo en la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL), desnaturalizaron el objeto de la acción de protección. Se trata de la mayor distribuidora estatal de electricidad de Ecuador. La sentencia 1788-24-EP/25, bajo la ponencia de la jueza Karla Andrade Quevedo, concluye que los jueces excedieron sus competencias al reconocer derechos que, según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no corresponden a los servidores administrativos. La sentencia establece que dicha actuación vulneró el derecho a la seguridad jurídica, por apartarse de la finalidad de las garantías constitucionales, y ordena dejar sin efecto las sentencias impugnadas y los actos ejecutivos derivados de ellas. 

Fuente: Primicias.