La Corte Constitucional (CC) reguló la figura de la compra de renuncias en el sector público, después de declarar la inconstitucionalidad de la palabra "obligatoria" que constaba en el Decreto Ejecutivo 813 que se suscribió en el 2011, durante la administración de Rafael Correa. El Decreto 813 establecía reformas al reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuyo artículo 8 se dispuso que "las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización", y en otro párrafo se estableció que "los servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración". Estas dos frases fueron declaradas inconstitucionales. Fuente: El Universo.