Los correos de Pamela Martínez y de Laura Terán, procesadas por el caso Sobornos, muestran cómo los juicios derivados de la protesta del 30-S fueron manipulados desde una oficina externa de la Presidencia de la República, que funcionaba en el norte de Quito. Según documentos judicializados, desde ese lugar se instruía a funcionarios correístas para que se presentaran ante fiscales, secretarios, funcionarios del Consejo de la Judicatura, jueces desde primer nivel y magistrados de la Corte Nacional. Así seguían de cerca los procesos para garantizar sentencias a favor de ellos. Esto ocurrió en al menos 21 casos. En este esquema de presión y control, Martínez ejercía un rol de coordinadora. Debajo de ella había abogados que se encargaban de hablar con los operadores de justicia. Todos los movimientos fueron informados a través de correos. Fuente: El Comercio.