En la compra de 100 000 pruebas PCR para la detección del COVID-19 que realizó el Municipio de Quito en abril pasado, la Contraloría General del Estado halló indicios de responsabilidad penal, durante las etapas de adjudicación del contrato. El informe fue remitido a la Fiscalía General para su investigación, tras encontrarse que la Secretaría de Salud del Municipio no presentó un plan de contingencia que permita establecer las características de la necesidad, los objetivos, número de pruebas a aplicar y la capacidad de procesamiento. Otras inconsistencias detectadas es que el estudio de mercado no incluyó un análisis técnico de los ítems y precios ofertados a la Secretaría que haya determinado el presupuesto referencial. Fuente: El Universo.