Desde estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación y simulación de funciones públicas, abuso de confianza, calumnia, paralización de servicios públicos, robo de combustible hasta violencia intrafamiliar, delincuencia organizada y asesinato. Estos son algunos de los supuestos delitos por los que han sido procesados 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional. Es decir, el 11% de los aspirantes a asambleístas registran denuncias penales desde 2014, cuando entró en vigor el nuevo Código Integral Penal (COIP), y que es el periodo analizado por esta alianza periodística con miras a las elecciones generales del 9 de febrero de 2025. En su mayoría, estos procesos han sido archivados por distintos motivos y son muy pocos los que han culminado con sentencia condenatoria. 

Fuente: Primicias.